EL CONSENSO CONTRA LA NACIÓN HISTÓRICA

El omnipotente pero agotado consenso socialdemócrata instaurado con la “transición” lucha por perpetuarse. Y la peripecia de intentar la fundación de un nuevo régimen, iniciada en 2004 tras el suceso equivalente a un golpe de Estado del 11 de marzo, hace que el desconcierto sea cada vez mayor en “la vieja piel de toro”.

Ideológicamente, el socialismo ya no significa nada; recibió un golpe mortal con la caída del Muro de Berlín el 11 de noviembre de 1989 y la “globalización” le da la puntilla. Si se mantiene todavía en España, en Europa y en el mundo entero, se debe a la complacencia de sus rivales: la política socializante proporciona muchos cargos, empleos, beneficios y subvenciones a cargo del súbdito contribuyente; una forma de vivir muchos a costa de los demás.
En este momento, el partido socialista está tramitando la Ley de la Memoria histórica. Ante la ética política es una inmoralidad, aunque es cierto que en los momentos de disolución, casi nadie sabe en que consiste la moral. Intelectualmente ese proyecto es una estupidez. Políticamente busca tres cosas: dividir a los españoles en aplicación del principio “divide y vencerás”, captar clientelas al olor de las pertinentes indemnizaciones económicas y legitimar la nueva forma del consenso a costa del suicidio de la Monarquía, contando con que el rey no se resistirá a firmar semejante ley. Después seguirá el consenso.

1.- El consenso establecido en torno a la Monarquía y la Constitución de 1978 ya no oculta su carácter oligárquico ni sus fines despóticos. A la verdad, de acuerdo con la Constitución. Esta comienza afirmando en su artículo 1º que “España” (no la nación española), “se constituye en un Estado” (es decir, como si tampoco el Estado existiera previamente), “social y democrático de Derecho” (varias redundancias tópicas seguidas, pues todo Estado es Estado de Derecho y además social; incluso democrático, puesto que el Estado-Nación homogeneiza a la sociedad). O sea, la Constitución fabrica o construye sobre “España” como nombre geográfico de un solar, lo que se le antoja. Y ahora el consenso ha dado un paso más conforme a su carácter fundacional, aprovechando el suceso terrorista, para reducir a escombros la Nación Histórica y el Estado a fin de fundar un nuevo Estado y una nueva Nación Política que sustituya a la Histórica.
El desorientado –parece imposible que no sea a sabiendas- partido popular pide a gritos volver al consenso, y sus adversarios le replican con razón que el consenso es lo que ellos dicen que es el consenso, pues la ejecución de las posibilidades implícitas en la Constitución le corresponde al partido que gobierna; para eso son las elecciones; y además se prueba en las Cortes, el foro del consenso, dirigido en este momento desde dentro por los nacionalistas independentistas y desde fuera por Eta.
El partido socialista no se ha apartado un ápice del consenso ni de la Carta otorgada bautizada como Constitución, que articula el juego político. Pues la Carta, sin perjuicio del artículo 2º, no habla para nada de la Nación española como una realidad histórica, salvo quizá la vaga alusión de pasada del preámbulo.

2.- La Nación española asistió como convidada de piedra al espectáculo del parto constitucional. Nadie tuvo la deferencia de convocarla expresamente para elaborar el documento. El poder dio por bueno que la representaban en abstracto los partidos políticos recientemente constituidos y que esto era suficiente para cubrir las apariencias. Una chapuza desde el punto de vista del derecho constitucional de la que nadie se acuerda o nadie quiere recordar, pero que como el poder ha estado siempre en manos del consenso ha funcionado.
Fueron los partidos –los representantes de los partidos y algunos nombrados libremente por el rey, depositario del poder de la dictadura- los que decidieron “constituir” el pleonástico “Estado social y democrático de Derecho”, rótulo al que podrían haber añadido más cosas irrelevantes, sin contar con la Nación. Es posible que ésta ni siquiera anhelase una Constitución, igual que tampoco estaba interesada en las Autonomías, salvo los entonces escasos grupos nacionalistas y quiénes esperasen prebendas.
Lo único que le interesaba al pueblo, a la Nación Histórica, era que la transición fuese pacífica y ordenada. Y aunque no existían graves razones para pensar que sucediese de otra manera, el apocalipsis que auguraban algunas minorías lo aprovecharon las oligarquías políticas para arrogarse el monopolio de la libertad política.
Así pues, de lo que se trataba al elaborar la Constitución era de reglamentar el consenso entre los partidos e imponerlo sobre los sentimientos y la voluntad de la Nación disfrazándolo como expresión de esta última. A la Nación inerme sólo se la convocó ex post facto para que refrendara plebiscitariamente la regla base del consenso. Consenso en el que se incluyó sin reparos, sin la menor prudencia y con los máximos honores, a los nacionalistas, separatistas in corde, y, por supuesto, a los comunistas. Y todo el proceso de la transición ha estado condicionado por nacionalistas y comunistas, unos y otros enemigos, más que adversarios, de la Nación española. Los nacionalistas por tener intereses particulares opuestos a los de la Nación y los comunistas por ser enemigos por definición de cualquier nación. El partido socialista, un partido de aluvión, prescindió de los antiguos socialistas anticomunistas y antimonárquicos o les fagocitó. Su influencia e importancia dependió desde el primer momento del apoyo externo de la socialdemocracia y del hecho de gozar de la plusvalía que le otorgaba el dogma de que para asentar la Monarquía heredera de franquismo era preciso que los socialistas gobernasen con ella. Y la derecha potencial fue barrida en seguida por el artificioso invento del Centro Democrático, otro partido de aluvión destinado a permitir el acceso del partido socialista al poder.

3.- Los partidos, incluidos en la Constitución como órganos del Estado (art. 5º) –igual que los sindicatos (art. 6º)-, formaron el Consenso que sustituyó al Movimiento. El “glorioso” Movimiento Nacional prácticamente no tenía más poder que el residual que le dejaba el Gobierno, la influencia de una clientela distinguida. En cambio, el Consenso en torno al rey como una especie de árbitro o poder moderador del “funcionamiento regular de las instituciones” (art. 56º) –entre ellas los partidos de los que dependen todas las instituciones-, no entre las “instituciones” y la Nación a la que se supone que representa, se atribuyó todo el poder y la Constitución, significativamente por consenso, estableció las reglas de juego entre las oligarquías partidistas.
Al Estado de partido único le sucedió, pues, el Estado de los partidos, modelo de Estado que se había afincado en Europa al calor de la guerra fría. Los partidos, no sólo se arrogaron formalmente, constitucionalmente, la representación de la Nación –“de la voluntad popular” (art. 6º)- sino que se convirtieron en virtud de la ley electoral ad hoc que establece el sistema proporcional, en los ejecutores y administradores del consenso. En las Cortes osten-tan el poder legislativo y el poder legislativo nombra al ejecutivo.

4.- Quedaba fuera del consenso el judicial –“la justicia emana del pueblo” (art. 117º)-, quizá por pudor. Pero los partidos se encargaron de ponerlo a sus órdenes. El partido socialista, que tomó la iniciativa al respecto, fue incluso más lejos, introduciendo una sabia forma de reclutamiento de los jueces que aseguraba su mayor dependencia del consenso. Los tres poderes tradicionales quedaban así bien trabados en la unidad que imponía el consenso frente a la unidad de la Nación. Uno de sus adalides, el Sr. Guerra, proclamó triunfalmente la muerte de Montesquieu, es decir, de la separación de los poderes de manera que fuesen independientes entre sí. Hasta el punto que, significativamente, para que no cupiesen dudas, durante una etapa del gobierno socialista el Ministro de Justicia fue al mismo tiempo el Ministro del Interior sin que nadie protestase ante semejante aberración formal y material (“la mujer del César no sólo ha de ser honrada sino que tiene que parecerlo”), uno práctica soviética por cierto: la justicia vinculada al orden público; es decir, sometida al orden público interpretado por el consenso.
En suma, la dictadura abstracta del consenso sustituyó a la dictadura personal del general Franco mediante el artilugio del consenso constitucional presidido por el rey, y el Movimiento se reprodujo a través del otro artilugio de las Autonomías –“El Estado” (no la Nación), “se organiza territorialmente en…” (art. 137º)-, si bien en Cataluña y el País Vasco se privilegió a los respectivos partidos nacionalistas, protegiéndolos en la ley electoral como si fuesen nacionales, es decir, representantes de la nación española como un todo.
Pero ¿qué es el consenso?

5.- El consenso en el orden político es una falsificación de la realidad, es decir, de la verdad, pues suplanta al consenso natural que constituye las sociedades. Pues el consenso es propio del espacio prepolítico o antepolítico. Sólo existe una Sociedad u orden social cuando en ella prevalece el consenso sobre el disenso. Ortega lo ha explicado bastante bien siguiendo a Comte en su inconcluso El hombre y la gente. El consenso consiste en el acuerdo o conformidad, no artificial sino consolidado por los siglos, entre los miembros de la sociedad, en torno a la convicción o conciencia, no escrita ni producto de la voluntad de poder, creada o establecida por la historia, de la pertenencia a un mismo grupo social con independencia de la religión, la etnia, la lengua, el paisaje, el folklore u otros atributos o los intereses y sentimientos particulares. Implica la coincidencia en lo esencial, expresada como una realidad práctica, acerca del modo de convivir. La posibilidad de la convivencia en la vida social descansa en el consenso social. En la coincidencia básica sobre las formas de la religión, la moral, la economía, la cultura, la política, en fin, acerca del sentido de las instituciones, las actividades, la conducta y los fines colectivos. Es esto lo que acerca a las sociedades a ser comunitarias en virtud de una solidaridad colectiva.
Si hay consenso o, por lo menos, prevalece el consenso sobre el disenso, existe un grupo social cuyo orden político se asienta en el consenso: coincidiendo en lo esencial, el consenso, los demás es cuestión de opinión y la finalidad del orden político consiste precisamente en garantizar ese modo de con-vivir, bien distinto de la co-existencia impuesta por una voluntad política (como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la artificial Yugoslavia). Las formas de trato, de educación, lo que llamaba Durkheim la “contrainte social”, la presión del êthos social, arbitran las posibles discrepancias. Únicamente si estas llegan a ser conflictivas, en el sentido de irresolubles, interviene el derecho para restablecer el equilibrio.

6.- La vida social se rige por las tradiciones, especialmente las de la conducta, orientadas por las creencias, los usos, las costumbres institucionalizadas como tales, de las que extrae el derecho su sentido de lo recto y justo. Justamente por eso, el llamado poder judicial no es un poder político sino social y, en rigor, tampoco es poder si no autoridad. El mismo Montesquieu decía al hablar de la separación de poderes, que como poder es nulo. Es autoridad porque dice, sentencia, la verdad del derecho, lo que es recto, en los casos concretos, de acuerdo con lo que la sociedad, la communis opinio, cree que es derecho en los casos conflictivos en que hay que apelar al derecho. El juez no es un poder. Al juez se le reconoce la capacidad de saber interpretar y declarar la verdad conforme al consenso social: a las tradiciones, las costumbres, las formas de trato del grupo. De ahí que politizar la autoridad judicial, unificarla con los poderes legislativo y ejecutivo, en último análisis someterla al ejecutivo, no sólo sea una arbitrariedad sino una falsificación, que deja inerme a la sociedad a la que se despoja del derecho, a pesar de que se afirme que “la justicia emana del pueblo” según la Constitución. El derecho pertenece al pueblo, no el Estado. Si se politiza el nombramiento de los jueces queda al arbitrio de la voluntad política. Sin embargo, la politización de la autoridad judicial es una necesidad de la lógica del consenso llevada a la política, aunque sea una arbitrariedad y una falsificación gigantesca. Seguramente lo más grave que está pasando en la revolucionaria empresa fundacional acometida por el consenso con el pretexto de la “modernización”, es la sumisión de la autoridad judicial al poder político.
7.- Pues, efectivamente, el consenso no pertenece al orden político. El orden político depende de la opinión sobre lo que es común o, si se prefiere aunque no es lo mismo, pero la mentalidad totalitaria imperante desprecia la idea de bien común, sobre el interés general. Lo propio del orden político es los partidos políticos propongan y discutan acerca de la metodología que cada uno cree más adecuada para pereguirlo sometiendo sus respectivos puntos de vista a la opinión. El sufragio libre –no condicionado por el poder de los partidos- es una de las maneras de hacerlo y la otra la publicidad, para que juzgue sobre ello el “Tribunal de la Opinión Pública”. Y la competencia entre los partidos para hacer prevalecer sus respectivos puntos de vista se concreta en compromisos públicos que pueden llegar a materializarse en el Parlamento en la forma de leyes. En las leyes se fija el sentido del compromiso alcanzado, precisamente porque es un compromiso. Leyes no por cierto contrarias al consenso social sino acordes con él, con su espíritu, el que expresa la opinión no manipulada. Es decir, lo propio del orden político es el compromiso, no el consenso. El compromiso, una promesa compartida, no es exactamente un contrato, sino que es provisional, aleatorio, simple cuestión de utilidad según las circunstancias, mientras el consenso tiene a estos efectos la solidez de un mineral. El consenso no se preocupa de la utilidad: simplemente, existe o no existe, es un hecho que sirve de presupuesto de la conducta en general y de la política en particular. Esto es, el orden político presupone el consenso, la existencia de consenso en la sociedad, consenso al que debe atenerse. Pues si no existiese consenso no existiría la sociedad y por ende tampoco existiría el orden político. Por ejemplo, si no hay un lenguaje común, inteligible por todos los que participan en una discusión, un consenso acerca del sentido de las palabras, no es posible discutir, dada la imposibilidad de entenderse; aquí el lenguaje común es el presupuesto o conditio sine qua non, el mineral sólido, en el que descansa la posibilidad de la discusión. El consenso está excluido de la política por ser su presupuesto. Esta debiera limitarse a respetarlo y a producirse de acuerdo con el consenso social, con el pueblo suele decirse. No contra el consenso o contra el pueblo según las conveniencias o los caprichos de la oligarquía.
Da lo mismo decir que la sociedad es hechura del consenso o el consenso es la esencia de lo social. Pero si no existe consenso no hay sociedad, y la política se reduce a imponer coactivamente la unidad del grupo. La unidad es el objeto de lo Político. En contraste, el “consenso político” es una conspiración permanente de las oligarquías contra la soberanía popular, contra la Nación Histórica. Comenzó con la invención de la Nación Política por la revolución francesa frente al pueblo y la Nación Histórica; del consenso impuesto coactivamente acerca de la naturaleza y los intereses de la imaginaria Nación Política sacralizada como persona moral.

8.- Cuando la política monopoliza el consenso, expresa la voluntad de someter a la sociedad a los caprichos del orden político, que desde esa revolución empezó a llamarse el orden público. Lo inventó Napoleón para superar coactivamente el desgarramiento de la Nación Histórica. Se trata de la idea del orden conforme a las conveniencias y los intereses de la razón de Estado, de la oligarquía gobernante. Por eso, la lógica de la política del consenso no sólo impone absorber y manipular a la autoridad judicial: ha de destruir el êthos, la masa de tradiciones, creencias, usos, costumbres, hábitos cuya síntesis o espíritu es el consenso, el sentimiento colectivo por el que se regula el orden social. Y vista la película de la “transición”, esta ha consistido en buena parte en destruir el êthos de la Nación Histórica española para preparar el terreno a lo que está sucediendo.
La destrucción del êthos de las naciones históricas constituye el objetivo necesario de la política llamada totalitaria característica de la tiranía contemporánea, brillantemente analizada por Tocqueville. La política es el ámbito de la vida colectiva o social regido por la opinión, por la concurrencia de opiniones. La política totalitaria consiste en hacer de sus opiniones –las de la ideología- la fuente de la verdad, de la verdad social; en imponer la opinión del consenso entre los políticos para suplantar al natural consenso social.
Su variedad más corriente hoy es la política correcta, más suave en las formas que la acción violenta de los llamados Estados Totalitarios. Se basa en el control de la formación de la opinión por parte de los partidos comprometidos en el consenso, formulándola como una especie de pensamiento único, que sustituye a la pluralidad de las opiniones. Esa política del consenso totalitario no es óbice empero para las discrepancias entre los partidos consensuados, siempre que no se vea afectado lo esencial del consenso político: el control oligárquico del poder y de la sociedad. El consenso político es así el centro de todo y de ahí la disputa permanente de cara a la opinión pública entre la oligarquía de los partidos sobre quien representa mejor el consenso, el centro. Tal disputa es el origen de “centrismo” político. Cuando las discrepancias no son sustantivas, son muy útiles para mantener la ficción coram populum de la existencia de libertades, empezando por la libertad política. Y la Constitución es una regla sobre las posibilidades y los límites de la discrepancia en el seno de la oligarquía. El derecho constitucional es otro invento de la revolución francesa para imponer como un corsé la voluntad de la imaginaria Nación Política –la Nación de las oligarquías- sobre la Nación Histórica.

9.- En esencia, a tenor de las consecuencias, es esto lo que se instituyó con la Carta-Constitución de 1978 en España: un consenso oligárquico frente a la Nación Histórica. En su conjunto, la transición no ha sido más que una conspiración permanente contra el consenso natural que constituye la Nación Histórica española, materializado en el ataque permanente al êthos que la constituye. Utilizando el Estado, el consenso ha hecho lo posible, con el pretexto psico-sociológico de la modernización, por destruir las tradiciones, los usos, las costumbres, los hábitos, las instituciones, los símbolos, enraizados en la historia a fin de imponer su propio “êthos” o falta de êthos. En ello han participado todos los partidos del consenso por acción y omisión, tanto la derecha como la izquierda: en este sentido, ninguna es menos nihilista que la otra. Si la derecha del consenso parece más moderada en relación con el êthos, débese a que se apoya en los votos más conscientes de la naturaleza del êthos español, a los que el consenso no deja otra alternativa para expresarse. El voto es la eucaristía del consenso político y podría ser muy peligroso que tomasen conciencia por contagio, si se “concienciasen” de la realidad, los votantes de los demás partidos (incluidos los nacionalistas), pues se vendría abajo la mentira oligárquica del consenso. De ahí que el consenso, aunque sea de izquierda, necesite de una derecha. Y ocurre lo mismo si el consenso es derechista.
La política de desnacionalización llevada a cabo por el consenso ha sido bastante efectiva. Al efecto, ha creado una especie de leyenda negra del franquismo que enlaza con la leyenda negra de la historia de España (cuyo auge debe mucho a los “regeneracionistas”), entre cuyos crímenes incluye la insistencia en la unidad nacional. El éxito ha sido tal, que, para mantener una mínima cohesión que sirva de referencia, el inocuo partido popular ha creído necesario proponer como sustitutivo el patriotismo constitucional. Un patriotismo vinculado a un papel, cuya interpretación natural según la misma letra de la Constitución de acuerdo con el sentido común, ni siquiera se ha respetado, dicho sea de paso, cuando le ha convenido al consenso.
El mencionado artículo 2º todavía vigente de la Carta-Constitución de 1978 habla de “la indisoluble unidad de la Nación española” como si la palabra nación se reservase para la natural Nación Histórica según la interpretación lógica y espontánea, limitando a las regiones el uso de la abstracta palabra derivada “nacionalidad” incluida en el mismo artículo. Y, por cierto, las Autonomías, sin duda para fraccionar el sentimiento de comunidad nacional vinculado al êthos o consenso social de la Nación Histórica han sido bautizadas como Comunidades en la propia Constitución (art. 137º y otros). Ahora bien, cuando los nacionalistas catalanes quisieron pasar de ser “nacionalidad” a ser nación siguiendo la lógica implícita en aquella palabra, si bien se discutió la declaración de Cataluña como Nación en el caso del Estatut, a continuación ni siquiera el partido popular, el más agreste en este asunto por consideración a sus votos, ha sentido escrúpulos de que se cite a Andalucía como realidad nacional en el preámbulo de su propio Estatuto en tramitación. Y lo que vendrá después. Al extraño jefe de ese partido en Galicia, no le parece bastante lo de Nación, sino que predica que esa región es una “realidad genética”: todo ser viviente es una realidad genética, pero sin duda ese ambiguo personaje apela al nacionalsocialismo para competir con sus rivales rebasándoles por la derecha del consenso. “París bien vale una misa”, aunque aquí la misa no sea más que una flagrante estupidez.
Como no hay más verdad que la del consenso, se hace lo que conviene con las palabras, forzando la semántica todo lo que haga falta o cambiándola, según los casos. El despotismo del consenso llega hasta el lenguaje. El consenso impone el lenguaje del mismo modo que la señora o señorita Salgado impone como “leyes” sus prejuicios y opiniones particulares sobre las costumbres y los y las feministas reclaman a la Academia de la Lengua que modifique el lenguaje natural que consideran “sexista”, a lo que es pensable que asienta la Academia tergiversando melifluamente lo que haya que tergiversar. Lo de la neolengua de Orwell es muy importante para entender la política y la realidad española regida por el consenso. La tiranía encubierta, más bien que despotismo, del consenso establecido no tiene límites.

10.- En fin, en esta piel de toro, el espectáculo de la lucha del consenso oligárquico contra el espíritu de la Nación Histórica, se parece bastante al de las corridas de toros. Con la llegada al poder del Sr. Rodríguez Zapatero, el consenso, considerando que el êthos, el espíritu del consenso de la Nación Histórica está ya suficientemente debilitado, igual que el toro después de las banderillas y las puyas de los picadores, ha empezado a dar los capotazos que llevan al desenlace final: matrimonio homosexual (que, con otras cosas como el aborto, el divorcio express, la incitación a la promiscuidad sexual, los experimentos genéticos, etc, apunta a la destrucción de la familia, la depositaria y transmisora natural del êthos tradicional, del consenso social), estatutos nuevos empezando por el catalán, reconocimiento del terrorismo –del crimen- como interlocutor, etc. La puntilla final será la imposición del laicismo radical como la ideología vacía del consenso, cuyo contenido se reduce en el fondo a la obtención de dinero y de poder; quizá más a la ambición de lucrarse, siendo el poder el medio. Ideología tan vacía, que el consenso podrá hacer con ella lo que quiera sin contradicción posible.
Y a la verdad, nadie se resiste y se opone con vigor. Las voces de bastantes insumisos al consenso sin saberlo, sólo sirven para dar la apariencia de que existen libertades. Todo está controlado, maleado o arruinado por la intensa politización de la sociedad y de las conciencias que ha llevado a cabo el consenso, empezando por las instituciones. La corrupción del êthos se deja sentir en todas partes. Hasta la Iglesia, custodia de la Verdad –“la verdad os hará libres”- y por su naturaleza un contramundo en el mundo, de la que cabría esperar que se resistiese con inteligencia y fortaleza –después de todo el êthos de la Nación Histórica española es católico-, está muy confusa y dividida; hasta alberga en su seno a clérigos nacionalistas. Por lo que, a pesar de ser “católica”, reconoce que puede asistirle cierta razón a los nacionalismos oligárquicos. Ha contemplado bastante impasible desde el principio, y con alguna simpatía, la construcción del consenso político y la destrucción sistemática del êthos nacional. En casos extremos invoca críticamente generalidades más o menos abstractas que, además, apenas transcienden, pues los púlpitos están callados. Y las iglesias cada vez más vacías.
***
¿Qué podría hacer la Nación Histórica frente al nudo gordiano del consenso? Parece que muy poco. Salvo confiar, si no en la Provi-dencia, en el azar. Leer a Maquiavelo es un buen consejo para conservar la ilusión. El problema es fundamentalmente político, y Maquiavelo, que tan bien conocía la política, dejó escrito que in politicis el cincuenta por cierto depende de la diosa Fortuna.

D. Negro

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