LA INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS DE DEMANDA Y DE OFERTA SOBRE LA GRAVE ENFERMEDAD DE LA INFLACIÓN

En la falta de control de la inflación se puede concentrar la raíz de los declives económicos y de las políticas antiortodoxas. Ya en el siglo XVI español, algunos pensadores y tratadistas en cuestiones jurídicas, políticas y económicas señalaban que: “Entre muchas cosas sumamente necesarias al buen gobierno y tranquilidad del reino, una es que el valor y ley de la moneda y aun su cuño y señal sea durable y cuan invariable ser pudiera…. La libra, la arroba y otras pesas de este jaez miden en ellas la cantidad, mas el dinero mide su valor y precio.: oficio muy principal. Y es regla universal y necesaria que ha de ser cualquier medida fija, cierta y permanente.”
Como las políticas de defensa de la competencia van todas ellas encaminadas a controlar la inflación, su mejor puesta en práctica se constituye en la causa fundamental del mejor desarrollo económico regional, nacional o comunitario. El cálculo económico de individuos, empresas e instituciones se realiza a través del dinero. A través del dinero se canalizan las necesidades y objetivos de los consumidores finales, estableciéndose determinados coeficientes de precios relativos entre los bienes. Cuando aumenta la cantidad de dinero disponible, el poder adquisitivo de la unidad monetaria decrece, o, dicho más claramente, significa que con los mismos euros se pueden adquirir menos cosas que antes. Algunos estudiosos de la Economía prefieren por eso llamar inflación a ese aumento de la cantidad de dinero disponible en vez de la acepción más común y extendida que se refiere a la generalizada subida de los precios. Esta es, en efecto, la consecuencia necesaria, y aquélla, la causa que lo produce. El objetivo básico, tanto económico como financiero, y también laboral, es, por lo tanto, controlar y hacer que la inflación disminuya. Los grandes desastres históricos han estado habitualmente precedidos de distorsiones y crisis económicas consecuencia de los procesos inflacionistas. La peor enfermedad monetaria y económica es la inflación.

La inflación fiscal tiene su origen en un protagonismo desmedido de las Administraciones Públicas que pierden el norte del equilibrio presupuestario y que, gastando mucho más de lo razonable, provocan déficit público desmedido, incremento de la Deuda, efecto expulsión de la inversión y estímulos de demanda. Ese tipo de inflación se controla a través de la política presupuestaria del Gobierno aprobada en las Cortes en la importante Ley de Presupuestos.
La inflación importada depende de la ortodoxia general macroeconómica propia y de los países con los que se mantienen relaciones comerciales y financieras más intensas. Esta inflación tiene mucho que ver con lo que podíamos denominar competir en competencia con otras áreas. Los países y regiones que más éxito obtengan en la aplicación de las políticas liberalizadoras y de competencia mejor desarrollo económico conseguirán extendiendo además al exterior su ortodoxia, estabilidad y reducción de la inflación.

El control de la inflación de costes depende de una forma decisiva de la introducción persistente e inteligente de mayor competencia en todos los mercados de bienes y servicios así como en los laborales, con especial influencia en los que son necesarios para el desarrollo de la actividad en todos los sectores insertándose en las cuentas de resultados de todas las empresas y de todas las familias. El papel decisivo para el control de la inflación de costes lo juega la aplicación amplia y profunda de las leyes de defensa de la competencia.
La inflación de la inversión, ligada directamente a la política crediticia de bancos y cajas es aquella en la que una hipertensión de las fuerzas privadas de la economía, alentadas por la facilidad y relajación en la concesión de créditos, acaba provocando un sobreaumento de las inversiones muy por encima del ritmo más pausado y aconsejable del ahorro voluntario. También las políticas de competencia pueden aminorar este tipo de inflación.
La inflación burocrática, por último, es otra de las causas inflacionistas al incrementar los costes de transacción, información y los de seguridad jurídica, defensa y clarificación de los derechos de propiedad entre los operadores económicos al aumentar las obligaciones que la empresas deben cumplimentar ante las Administraciones Públicas. La sencillez y simplificación de las normas y los procedimientos son desinflacionistas y potencian el desarrollo económico. El exceso de burocracia, en cambio, es debido a la falta de confianza en la capacidad intrínseca de coordinación que tienen los mercados y a la falta de convicción en la potencia y en la fuerza económica de la libertad personal siempre creativa e innovadora.
Los sistemas de reglas derivadas de las políticas de oferta, donde las políticas de competencia ocupan un lugar privilegiado con sus efectos desinflacionistas y estabilizadores, se convierten en el motor del desarrollo económico sostenido y estable que lleva aparejado consecuentemente la mejor creación de empleo. Para que broten efectos beneficiosos en nuestras economías a veces agostadas por intervencionismos, acuerdos o prácticas anticompetitivas, abusos de posiciones dominantes o presiones colectivas, es preciso ampliar el campo de ejercicio de la libertad y responsabilidad independiente para potenciar la acción humana que transforma la materia sobre la que actúa.

JJ FRANCH

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