CORRESPONSABILIDAD FISCAL Y CORRESPONSABILIDAD EN MATERIAS DE COMPETENCIA. FEDERALISMO FISCAL Y FEDERALISMO EN DERECHO DE LA COMPETENCIA

Lo que a continuación explicaré está pensado en un primer momento para la aplicación de las Leyes de Defensa de la Competencia por parte de la Comisión Europea en sintonía armónica con la aplicación de dichas leyes por parte de las autoridades de Competencia Nacionales de cada uno de los Estados miembros. Pero se puede hacer un paralelismo para aplicarlo a la autoridad estatal de promición y defensa de la Competencia y lo aplicado en las distintas Comunidades autónomas.
Tanto los economistas clásicos, como los marginalistas, keynesianos y, en general, todas las corrientes del pensamiento económico contemplaron durante mucho tiempo la hacienda pública desde una óptica unitaria, sin plantearse las cuestiones teóricas derivadas de la existencia en el espacio del Estado de diferentes centros con capacidad de decisión respecto a ingresos y gastos públicos a distintos niveles. La superación de este concepto ha conducido a la aparición del estudio de las haciendas de ámbito geográfico menor que el estatal, cuyo enfoque se centra en los problemas espaciales relativos a la actividad financiera del sector público. De la misma forma, respecto a la aplicación de las Leyes de Defensa de la Competencia, es necesario ocuparse hoy de la interrelación entre las diversas unidades subcentrales de gobierno y también de los problemas internos de cada una de ellas. En el ámbito de la actividad financiera el objetivo se centra en el federalismo fiscal, es decir, en el estudio de las relaciones entre los distintos niveles de hacienda. Quizás se pueden sacar enseñanzas provechosas aplicables al federalismo en materia de aplicación de las leyes sobre competencia.
Conservando las prevenciones necesarias para garantizar la aplicación coherente de las normas en el conjunto de la Comunidad, para lo cual conviene mantener manteniendo la potestad de reclamar la tramitación de un asunto a las autoridades de competencia nacionales cuando haya riesgo de divergencias de interpretación, el sistema de competencias paralelas entre la Comisión y los tribunales y autoridades nacionales considero que no puede traer mas que efectos beneficiosos para la unidad de mercado y el mejor desarrollo económico en el conjunto de la Unión Europea. Tal convicción se basa en un criterio parecido al de la corresponsabilidad fiscal y el federalismo fiscal para el caso de los impuestos y gastos públicos, y que se podría resumir en la frase “competir en competencia” o mejor “corresponsabilidad en materias de competencia”. Quien aplique mejor la justicia del Derecho de la Competencia irá mejor cada vez en el terreno económico y, a través de él, en todo lo demás de carácter más social. Si la inflación es la causa de todos los males económicos, y el factor fundamental de carácter desinflacionista es la competencia, ésta se convierte en la causa principal de los bienes económicos y humanos. La “corresponsabilidad” en estas materias por parte de las autoridades nacionales se hace cada vez más importante y conveniente.

El doble objetivo del federalismo fiscal consiste en alcanzar un equilibrio entre la difusión espacial de los efectos externos o externalidades entre las diversas haciendas, garantizando cierto nivel de economías de escala o minimización de costes en la producción. Las posibles limitaciones de los aspectos espaciales de la hacienda pública pueden explicarse debido a la diversidad de los factores a tener en cuenta, que es posible resumir en: gradualismo de los efectos externos a nivel espacial, costes del servicio en función del volumen de producción, del número de consumidores y de la superficie afectada, los problemas de congestión, y las diferencias de preferencias, formación y de rentas entre los distintos consumidores y las diversas comunidades. Los problemas fundamentales son los derivados de los efectos externos sobre áreas vecinas y la traslación de impuestos y cargas fiscales a otras jurisdicciones.
El planteamiento teórico de Charles M. Tiebout ofrece una solución conceptual mediante la consideración de la variable espacio. En él se parte del supuesto de perfecta movilidad de los ciudadanos dentro de un Estado, lo que incita al desplazamiento de la población hacia aquellas zonas geográficas cuya estructura de ingresos y gastos públicos se adapte más a sus preferencias. Debido a los desplazamientos espaciales entre distintas jurisdicciones se crean grupos de población con preferencias similares tanto por la oferta de bienes públicos como por su financiación, estando en realidad en presencia de un proceso muy parecido al de mercado, que se ha denominado como “votar con los pies”.
Obsérvese el paralelismo con la movilidad de los operadores económicos entre distintas zonas según el tipo de aplicación de las leyes de Defensa de la Competencia. A pesar de la falta de realismo de este modelo hay que destacar la bondad del axioma implícito en su planteamiento: la creencia de que los niveles subcentrales de gobierno, al estar más próximos a los individuos, son capaces de captar con mayor precisión sus preferencias sobre ingresos y gastos públicos, por lo que pueden satisfacer mejor sus necesidades, siendo el punto de partida de numerosos estudios sobre federalismo fiscal. Si consideramos la libertad, las políticas de oferta y la competencia como el bien público a tener en cuenta en nuestro caso se pueden aplicar criterios parecidos que abren posibilidades de conveniencia del federalismo en materias de competencia en base al mejor interés general.
En aquellas regiones más intervencionistas y menos dinámicas y competitivas se producirá un efecto frontera hacia otras regiones donde se apliquen políticas de oferta más incentivadotas de la actividad económica que al fin y a la postre son las que generan auténticamente desarrollo económico.
Si existe paralelismo respecto a las ventajas del federalismo fiscal y del federalismo en competencia, también son similares los problemas de los sistemas descentralizados. En el caso de la hacienda pública, partiendo de la idea de la existencia de tres grupos de funciones fiscales de gobierno: asignación de recursos, distribución y estabilización, parece existir un consenso general respecto a que las autoridades subcentrales pueden desempeñar un importante papel en la función de asignación provisionando bienes públicos locales; y pueden también desarrollar algún papel instrumental en la función de distribución; y en cambio un papel insignificante en la función de estabilización.
Aplicando criterios similares para el federalismo en las políticas de oferta y en leyes sobre Competencia, es esencial que la conveniente descentralización no genere incoherencias en la aplicación del Derecho Comunitario de Competencia, debiendo, la política general de competencia, seguir siendo determinada a escala comunitaria para salvaguardar la unidad de mercado en toda la Unión. Ello, tanto en la elaboración de textos legislativos, como para la adopción de decisiones individuales garantizando el interés comunitario bajo el control del Tribunal de Justicia al objeto de conseguir la aplicación coherente de las normas de competencia. Dada la importancia esencial del marco legislativo, su elaboración debe corresponder a la Comisión de manera exclusiva; y la aplicación de sus normas debe ser suficientemente coherente, uniforme y previsible para que los operadores económicos puedan evaluar la legalidad de sus acuerdos.

JJ FRANCH

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