EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

Ese maestro de la economía política de la hacienda pública actual que es el profesor Catedrático José Luis Pérez de Ayala, señalaba en una de sus obras que, tradicionalmente, toda la política presupuestaria ha venido manifestándose en torno a dos principios contrarios: o equilibrio, o desequilibrio del presupuesto. Si ojeamos los escritos clásicos en torno al problema se observa que el principio del equilibrio presupuestario se mantiene y defiende por entender que la política de Deuda Pública, aneja al déficit, restaría ahorro a la producción privada, y de aquí se deduce que el olvidado principio del equilibrio se apoya en la necesidad de respetar y no frenar la expansión de la oferta global.

En la grave situación actual de nuestras finanzas públicas es fácil que surja espontáneo un hondo sentimiento racional de nostalgia hacia el modelo presupuestario clásico donde, lejos de la ideologización gubernamental, el Estado es políticamente neutral, en el sentido de que, en cuanto a sus fines, sólo gasta para producir los bienes y servicios necesarios para su existencia y funcionamiento así como para la organización y orden públicos de la sociedad. Es también neutral frente a la multisecular economía de mercado. Esta neutralidad está inspirada en el supuesto de la eficaz actuación de la empresa privada y fundamentada en que la determinación de los productos que hay que fabricar, de los servicios que se prestan, y de los precios y las rentas que han de pagarse se determinan por el libre juego enriquecedor para todos de la oferta y la demanda. Supone que la economía de mercado garantiza un crecimiento equilibrado de la producción nacional, a plazo medio, en condiciones aproximadas a las de una situación de pleno empleo de los recursos productivos que posee la economía.

La “ley de Say” aporta la demostración teórica de estas tesis donde la oferta crea su propia demanda. Los gastos que las empresas hacen para producir todos y cada uno de sus productos garantiza las ventas de esas mismas empresas en el conjunto global debido a que los gastos de producción que hicieron son rentas para los trabajadores y propietarios de los capitales empleados. Esas rentas se utilizan, bien para adquirir bienes directamente de las mismas empresas, bien para aportarlos a estas empresas para que compren, a su vez, bienes a otras. Puesto que este proceso lleva tiempo se pueden producir “fallos” momentáneos, pero serán corregidos automáticamente por el propio juego de la oferta y la demanda. Todo el mecanismo equilibrador supone plena movilidad de factores y de productos y corregir con premura estructuras anticuadas, lastres, ineficacias, rutinas, burocracias e incompetencias.

Derivados de estas condiciones, los principios básicos económicos de ordenación del Presupuesto del Estado serán: 1) que el Estado debe gastar sólo para los fines propiamente políticos de carácter ordinario, y 2) que estos gastos han de ser pagados por el Gobierno con la recaudación de impuestos. La “regla de oro” clásica que une estos dos principios es la del equilibrio del presupuesto donde los impuestos deben cubrir todos los gastos ordinarios del Gobierno, y éste gastar sólo para atender las necesidades normales de estructura y funcionamiento de las instituciones políticas y jurídicas consustanciales con la existencia del Estado y de la sociedad. Cualquier gasto extraordinario de inversión pública debe ser excepcional, y cuidadosamente calculado antes de realizarse, por la sencilla razón de que sólo podría cubrirse: o con impuestos muy altos, que desanimarían la actividad económica privada -que se estima más eficaz que la pública-, o a través de Deuda Pública, que absorbería un ahorro necesario a la inversión privada y que nos hipoteca el futuro. Si el gasto público extraordinario de inversión se realiza debe “autofinanciarse”; debe ser rentable, proporcionando una renta suficiente al Estado para que éste pueda pagar los intereses y amortizar la deuda que contrajo para pagar la inversión. Hay que evitar por lo tanto los delirios de grandeza caudillista de quienes nos gobiernan porque al final los pagamos todos nosotros; o lo pagarán, con intereses, nuestros hijos y nietos.

JJ Franch

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