LA SINTONÍA ECONÓMICA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 CON LA COMPETENCIA

Los fenómenos de internacionalización de las distintas economías, especialmente en el entorno euroamericano, la globalización, la libertad de capitales, las innovaciones en todos los sectores de actividad y los cambios tecnológicos estrechamente interrelacionados han promovido un intenso debate acerca de sus repercusiones sobre las políticas de defensa de la competencia y las respuestas que éstas deben proporcionar. La interdependencia económica se ha incrementado aceleradamente en los últimos años, y la culminación del proceso de Unión Monetaria a finales de este año 2001 y la ampliación de la Unión Europea hasta integrar a más de 26 países incentivará dicha tendencia. Tales inercias son irreversibles e imparables en tanto en cuanto son el desarrollo de la dinámica de la actividad empresarial y por lo tanto humana de cientos de millones de personas. Con estos procesos necesariamente hay que contar como circunstancias relevantes a la hora de valorar las políticas de defensa de la competencia. El volumen del comercio internacional se ha incrementado notablemente y los flujos de inversión transfronteriza han experimentado una tendencia análoga. Las empresas, todas las empresas, pero especialmente las de mayor entidad y peso en los sectores básicos y estratégicos, tienen que asumir continuamente los retos que supone erigir una presencia global en el mercado. Dicha situación irreversible desencadena una ola de alianzas y concentraciones transnacionales que desbordan fronteras y jurisdicciones.

En un contexto internacional donde nuestra situación actual es de mayor protagonismo en la Unión Europea y en toda la órbita euroamericana, una abierta y leal competencia en los mercados, especialmente en los mercados básicos de recursos, aumenta la oferta dando lugar, por una parte al incremento en la variedad de los productos y servicios de mejor calidad a disposición de los ciudadanos y, por otra, también importante, a una reducción de los precios que permite el aumento de la capacidad adquisitiva de todos los ciudadanos. La disminución de la inflación propiciada por las políticas de defensa de la competencia, junto con el estímulo a la productividad, innovación y creatividad que provocan, hacen que se incremente la actividad empresarial y personal en todo el tejido social con repercusiones altamente positivas sobre la creación y mejora del empleo, así como sobre la capacidad competitiva de nuestro tejido empresarial en un ámbito exterior cada vez más abierto y globalizado.

En este contexto actual es importante volver a los principios y recordar que la competencia está directamente relacionada con la libertad, con el libre mercado. Y la libertad siempre está y debe estar unidad a la responsabilidad. Por eso quisiera resaltar en primer lugar la importancia jurídica, económica y también política del tema que nos ocupa: La defensa e impulso de la competencia.

James Mc Gill Buchanan, Premio Nobel de Economía en 1986, escribió junto con Geoffrey Brennan en un libro que en su traducción castellana lleva por título La razón de las normas y por subtítulo Economía Política Constitucional: “Al menos desde el siglo XVIII, y especialmente desde Adam Smith, se ha comprendido la influencia de las reglas (“leyes e instituciones” en la terminología de Smith) sobre los resultados sociales, y esta relación ha proporcionado la base para uno de los temas centrales del análisis económico o de la economía política, tal como se deriva especialmente de sus fundamentos clásicos.

Si las reglas influyen en los resultados y si algunos resultados son “mejores” que otros, se sigue que en la medida en que las reglas pueden ser elegidas, el estudio y análisis de reglas e instituciones comparativas se convierte en el objeto propio de nuestra reflexión”.

Pues bien, cabe hablar de dos grandes métodos o sistemas de reglas para conseguir determinados resultados dentro de las economías en general y de las economías de mercado en particular: Aquellos sistemas que dan preponderancia a la protección y al intervencionismo, o aquéllos que dan preponderancia a la competencia bien entendida.

Competencia es lucha, pero con “fair play”; espíritu deportivo respetando las reglas del juego; lucha que coordina intereses distintos; lucha por mejor servir a las preferencias de los clientes potenciales. Competir tiene mucho que ver con ser competentes por intentar mejorar cada uno en su ámbito de actuación personal y empresarial. Competencia es democracia en las relaciones económicas. Se trata de transformar una cultura de la protección en una de la competición, de la competencia. El éxito está también en participar, en arriesgarse empresarialmente a participar con todas las dificultades que ello conlleva.

En mi opinión estamos en un momento en el que podemos empezar a considerar, a sentir y hablar de un cierto complejo de superioridad hispano frente a Europa y América que sustituya al ancestral complejo de inferioridad de lo hispano. No estamos en Europa y en América, sino que somos Europa, y en muchos aspectos, estamos en América. España ocupa un lugar central y abiertamente intenso en Euroamérica.

Digo esto porque nuestra Constitución Española del 78 tiene pendiente, en el ámbito económico, una interpretación acorde con el texto de su articulado en relación con la libre competencia. Así lo creo yo personalmente.

Me explicaré: El artículo 1 de la Constitución dice: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Por otra parte, el apartado 2 del artículo 9 dice: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Y en el artículo 10 se dice: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. Además, la Constitución Española del 78 debe ser la única en el mundo donde se habla de los deberes antes que de los derechos. El artículo 35 dice: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar, y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

Pues bien, de acuerdo con las exigencias de la economía general, la defensa de la competencia se concibe en la Ley como un mandato a los poderes públicos que entronca directamente con el artículo 38 de nuestra Constitución. Pero también lo hace con el artículo 33 y con el artículo 10, primero y fundamental del Título Primero “De los Derechos y Deberes Fundamentales” donde se dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Así, el ejercicio de la libertad de empresa y de la empresarialidad personal son manifestación consustancial de las libertades individuales fundamentales.

Efectivamente: sin propiedad no hay posibilidad de acometer proyectos empresariales y sin agentes empresariales no se puede hablar de competencia porque faltaría la sustancia activa personal de la trama competitiva.

Para que broten efectos beneficiosos en nuestra economía a veces agostada por intervencionismos, acuerdos o prácticas anticompetitivas y presiones colectivas, es preciso ampliar el campo de ejercicio de esa libertad y responsabilidad independiente para potenciar la acción humana que transforma la materia sobre la que actúa. Ampliar el campo de la libertad es ampliar el campo de la propiedad privada de los bienes. Libertad, responsabilidad, independencia y propiedad están entrelazadas de forma radical: es la libertad la que posibilita el uso conveniente de la propiedad, y ésta la que enmarca el ámbito del derecho de libre disposición. La propiedad facilita el aprovechamiento máximo de las oportunidades de crecimiento. Al permitir desarrollar nuestras capacidades emprendedoras, facilitando el descubrimiento de nuestras habilidades y de las de los bienes que están a nuestra disposición exclusiva, contribuye al desarrollo económico de toda la sociedad.

De estos principios derivan los expresados en la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de Reforma de la Ley 18/1989, que culmina el proceso de reforma iniciado con el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de liberalización e incremento de la competencia, en materia de control de concentraciones. Allí se dice que “La orientación de la política económica española descansa sobre el convencimiento de que el crecimiento estable y no inflacionario de la economía y, consecuentemente, la creación de empleo, requieren otorgar un papel preponderante al buen funcionamiento de los mercados. Junto a ello, la integración de la economía española en el contexto comunitario y, en concreto, en la Unión Económica y monetaria condiciona el margen de actuación del Gobierno sobre el diseño de la política macroeconómica, funtamentalmente sobre la política monetaria. En este contexto, cobran especial relevancia las políticas de corte microeconómico y, en especial, la política de defensa de la competencia”.

El desarrollo en extensión e intensidad de la competencia innovadora tiene un efecto desinflacionista notable siendo el instrumento más importante, junto a la política monetaria, que en gran medida ha sido transferida al Banco Central Europeo, para avanzar en un crecimiento fuerte y continuado sin tensiones en los precios.

Con la conciencia clara por parte de las autoridades monetarias y de competencia mundiales de que la inflación y la inestabilidad monetarias son el mayor mal para el bienestar y el bienhacer social y económico de las gentes, se debe intentar crear lo antes posible un colchón de estabilidad donde el comercio en el interior de las áreas monetarias comunes obedezca a factores de rentabilidad real y donde la seguridad de la propiedad, no sujeta a fluctuaciones inesperadas, facilite los intercambios voluntarios de suma positiva y posibilite que los agentes económicos se especialicen en aquellas tareas para las que mejor dotados están absoluta o comparativamente.

La sintonía de nuestra Constitución con los principios más innovadores de las políticas de defensa de la competencia es patente. Y viceversa: las leyes de defensa de la competencia tienen un entronque directo con los grandes principios de la Constitución Española y con los deberes y derechos fundamentales. El verdadero desarrollo económico de España, de Europa y de Euroamérica tiene mucho que ver con la clara comprensión de estas interacciones humanas fundamentales. La responsabilidad es, ahora, nuestra.

JJ FRANCH

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