VIVIENDAS DIGNAS PARA TODOS

 

En el art. 47 de la Constitución se propugna que el Estado deberá proveer de una vivienda digna a todos los españoles. La redacción de estas ideas está hecha desde el convencimiento personal según el cual difícilmente se conseguirá cumplir este precepto constitucional si no se respetan las reglas básicas de la conducta humana y de la actividad económica. El arte de la economía consiste en elegir hipótesis que simplifiquen un problema lo suficiente como para que puedan entenderse mejor determinadas características del mismo. El futuro, tanto del Derecho como de la Economía, está en resaltar sus interdependencias mutuas.

La vivienda tiene una importancia vital y fundamental en el conjunto de las economías modernas, tanto por la incidencia relevante que ejerce el tráfico inmobiliario en el ámbito macroeconómico nacional, como también, y especialmente, porque como principal componente que es de la riqueza inmobiliaria juega un papel fundamental en la configuración de los tejidos socioeconómicos de cualquier país. En consecuencia, el problema de la vivienda es un tema de interés general, y no tanto por la importancia y necesidad de la vivienda social sino por la relevancia del interés social de la vivienda de todo tipo.

Hayek manifestaba especial admiración por el Dr. Bernard Mandeville, especialista en las enfermedades de los nervios, por dos características del conocimiento humano que este psiquiatra del siglo XVIII destacaba: “Que no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, y que las consecuencias de nuestras decisiones son a menudo muy diferentes de lo que esperábamos, son los dos fundamentos de esa sátira sobre los engaños de una época racionalista que fue su objetivo inicial.”

Especial aplicación tiene este principio del “sólo sé que no sé nada” de Sócrates al derecho racionalista y positivista. Quiere el legislador conseguir esto y consigue aquello, quizás, lo contrario. Son abundantísimos los efectos perversos, contraproducentes y no queridos de las leyes racionalistas. Para aplicar estos principios al tema que nos ocupa viene muy a propósito lo escrito por el profesor José Eugenio Soriano a propósito de la Ley del Suelo. “Se hacía del interés general un interés distinto y aparte del de los ciudadanos en lo que hace al urbanismo. Interés construido tecnocráticamente por un conjunto de expertos que sabían todo sobre el suelo y que se encargaban de preservar celosamente ese conocimiento como algo arcano y misterioso; algo muy difícil de entender por los ciudadanos a los que les servía desde las alturas del pensamiento y de la acción política, pero a los que se apartaba de todas las decisiones. La Ley del Suelo tiene una jerga incomprensible para la mayoría: es una Ley destinada a los expertos que eran quienes la redactaban y aplicaban. En cada reforma, la Ley del Suelo se volvía cada vez más ininteligible, más lejana, más difícil. Y solamente los expertos resultaban beneficiados de tal jeroglífico.” Pero como todo el entramado de leyes y reglamentos que afectan al suelo urbano y a la vivienda en propiedad y en alquiler tiene tanta interpretación distinta y posible, y tanta jurisprudencia, la ignorancia para los legos en leyes aumenta considerablemente. La intervención racionalista desde las cúspides de poder o desde la hiperlegislación, puede crear el peor de los mundos posibles cuando, atendiendo a los intereses públicos con el capricho administrativo, crea incertidumbre en el contenido de los derechos propietarios privados. Se necesita por el contrario mucha más flexibilidad y libertad para que acudan los anticuerpos lo antes posible a la herida, a la escasez, y se restablezca la abundancia.

En el caso de la vivienda, es significativamente importante el “efecto burocracia”. Pedro Schwartz escribía hace poco: “Basta echar un vistazo al modo de operación y las consecuencias de la vigente legislación española para entender la paradoja de la planificación urbanística. La municipalidad, pese a la abundancia de suelo rural, condiciona la oferta de solares urbanizables a la aprobación de planes generales, de clasificaciones, de planes parciales, de calificaciones, de recalificaciones. Esto limita la oferta de suelo, lo encarece, y enriquece a los especuladores. Para combatir la especulación, el Estado la interviene con impuestos sobre plusvalías, con subvenciones a viviendas sociales, o controlando los contratos de alquiler, con lo que el poco suelo útil se asigna ineficientemente. Ello encarece aún más el suelo urbanizable… La espiral es implacable. El Estado causa el defecto del mercado y luego interviene causando un defecto mayor.”

No deja de ser paradójico y entristecedor que un país despoblado como España, con una densidad de población inferior a la media mundial tenga un suelo tan caro. No es de extrañar que, de nuevo Soriano, Catedrático de Derecho Administrativo curiosamente, comentara: “Tanto viajar confirmaba nuestras tesis de lo enorme que era el suelo español y cómo la amplia estepa se moría de sequía mientras las únicas zonas verdes alrededor de las poblaciones… eran las zonas urbanizadas.” Propone Soriano una solución sencilla: trasladar el peso de la prueba desde los ciudadanos que pretendan construir, al Estado que busca impedirlo. El Estado y los municipios deberían partir del principio de que el suelo es libremente urbanizable, salvo si concurren razones estrictamente tasadas para declararlo urbanizable.

La reducción de precios del suelo y de la construcción, de los productos básicos energéticos, liberalizando mercados, implica la disminución automática del precio de las viviendas en propiedad y, en consecuencia, la disminución de los alquileres haciéndolos más asequibles a todos. Queriendo controlar y organizar mejor determinados sectores y producciones mediante privilegios y monopolios, se acaba perjudicando a todos los usuarios finales que tendrán menos oferta y a mayor precio. La importancia de estas medidas legislativas, ya iniciadas por el Partido Popular con temor, es mucho mayor que la que pueda tener el esfuerzo de cuadrar las cuentas deficitarias en los Presupuestos Generales del Estado.

Termino resaltando de nuevo la conveniencia de un ágil y transparente mercado de viviendas en propiedad y en alquiler que presione a la baja su precio y que a la vez haga más flexible la movilidad sectorial y geográfica del factor humano. Sólo así se conseguirá dar cumplimiento en la realidad social al precepto constitucional respecto a la vivienda.

JJ FRANCH

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