SISTEMA PÚBLICO DE CAPITALIZACIÓN


El artículo 50 de la Constitución Española del 78 proclama que “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.” Quiero revestirme de una dosis importante de ingenuidad para suponer que el acuerdo firmado el pasado 9 de octubre entre el Gobierno y dos sindicatos importantes de nuestro país pretende dar solución práctica real y definitiva a este precepto constitucional. Las declaraciones de buenas intenciones monjiles se sucedieron en cascada demagógica inusitada por ambas partes. El acuerdo suscrito sin anuencia de los empresarios era, según ellos, para satisfacer y tranquilizar a todo el conjunto de la sociedad española transmitiéndole confianza en el futuro. Las pensiones dejaban de ser un argumento electoralista que generaba inestabilidad o miedo y la firma suponía el inicio de un nuevo camino en el que se darían garantías a los actuales pensionistas y se tenía muy en cuenta a quienes en el futuro dejen la vida activa. En definitiva, que todos seremos a partir de ahora felices y comeremos perdices.
Pero la naturaleza humana tiene sus leyes multiseculares que vienen siendo, básicamente, las mismas hace cuatro mil años en Egipto o en Babilonia; hace dos mil en el Imperio Romano o en las tribus de la isla hoy llamada Madagascar; hace quinientos años entre las amazonas del Caribe; o, actualmente, en la India, Corea, Venezuela, Ucrania, Sebastopol, Berlín o Almendralejo. Precisamente por eso, la economía, la maldita economía, tiene también sus leyes multiseculares y multiespaciales que no difieren mucho, más bien nada, de las leyes de la conducta humana que acaban imponiéndose, contra el viento de la demagogia o la marea de las declaraciones bienintencionadas, con la cabezonería propia del ser humano tal cual es desde que fue expulsado del paraíso por un desliz provocado que acabó en un atentado contra el derecho divino de propiedad. El famoso Acuerdo, idolatrando el Pacto de Toledo, trata de poner parches y costuras para que permanezca, por los siglos de los siglos, el sistema de reparto para la financiación de las pensiones. ¿Por qué esa obcecación en el sistema de reparto si todos los estudios realizados certifican que a más o menos plazo ese sistema quiebra y, por lo tanto, los poderes públicos por esa vía no podrán garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, ni suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera y cuarta edad?
La deficiencia más grave y sustancial de todos, repito, todos los sistemas de reparto, en donde unos cobran mientras que otros financian lo que cobran los primeros, no es una cuestión técnica sino de incentivos y reglas de conducta humana entroncada con la filosofía de la vida. En un diseño del sistema donde unos pagan y otros cobran, teniendo a los poderes públicos politizados por intermediarios, todos y cada uno, ingeniarán mil y una triquiñuela para aportar lo menos posible al sistema cuando les toque cotizar y aprovecharse lo más posible cuando les corresponde cobrar. Aunque se firmen treinta y tres Pactos de Toledo por todas las fuerzas políticas representativas, todos seguirán pidiendo más derechos arrimando el ascua a su sardina y mirando cucamente a otra parte a la hora de contribuir y cumplir los deberes que son los que aseguran aquellos derechos. El sistema de reparto en España sólo ha conseguido mantener el tipo por la mínima en los últimos años debido al mayor aporte estatal y al incremento significativo que han registrado las contribuciones correspondientes a los trabajadores activos que han sufrido en sus carnes mayores tasas de cotización a la seguridad social y crecimiento de salarios que se traducen, lógicamente, en un incentivo al paro y una barrera significativamente importante al empleo. Se ha llegado a un punto en que es imposible seguir subiendo las cotizaciones ni nominal, ni realmente. La concreción de las medidas del Pacto de Toledo en marcha no es que sean convenientes y necesarias sino que son máscaras de oxígeno para aplicar urgentemente porque, de lo contrario, el enfermo se nos va. La separación de las fuentes que financian la sanidad, las pensiones contributivas y las no contributivas; la ampliación de los plazos de cotización para tener derecho a determinadas pensiones; la creación de un fondo de reserva (¿de dónde vendrán las aportaciones al fondo?); la promoción del retraso voluntario de la jubilación… etc. etc., no son mas que tratamientos de choque urgentes que no solucionan el problema sino que lo demoran.
Más tarde o más temprano se tendrá que acometer con valentía la transición a un sistema de capitalización, aunque sea público, que efectivamente garantice las pensiones. En esos sistemas se cumple a la perfección el ideal clásico de justicia que consiste en “dar a cada uno lo suyo”. Las aportaciones personales de cada trabajador se van actualizando, aunque sea al tipo de interés a largo plazo de la Deuda, y recibirán al final de su vida activa ni más ni menos que su trabajo ahorrado. Se desincetivarían así, el fraude y la triquiñuela;; se fomentaría el trabajo, el ahorro, la inversión y el empleo; aumentaría la libertad y la capacidad de disposición sobre lo propio; permitiría organizar la vida en un marco estable que no dependiera de los demás; puede incluso que se elevaran las pensiones; mejoraría la productividad del capital y, cosa importante, se despolitizaría notablemente el sistema.
Todas las medidas técnicas y legislativas que se orientan en esta dirección son las que efectivamente asegurarán el sistema público de pensiones y potenciarán el desarrollo económico. Se podrá hacer realidad así, nos sólo lo indicado en ese artículo 50 de la Constitución sino también lo escrito en el artículo 41: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”, y el artículo 35 que contiene en su primera frase lo más importante para el aseguramiento de las pensiones y para el auténtico desarrollo económico, científico y social: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar”.
JJ Franch

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