LO POSITIVO EN LA CONSTITUCIÓN “ECONÓMICA” DEL 78

Hace 20 años, cuando todavía faltaban once para la caída del muro de Berlín, los ecos del neohistoricismo alemán, el nacionalismo económico, el institucionalismo norteamericano, las ideas de los socialistas utópicos, el comunismo pilotado por el experimento soviético de economía planificada de dirección central, las actitudes corporativistas, el afán de establecer un amplio Estado del Bienestar y, sobre todo, ante el temor político y social resultante de la Gran Depresión de los años 30, el keynesianismo, popularizado y convertido en ortodoxia incontestable para los políticos de todas las tendencias tras la segunda guerra mundial, hicieron que el texto constitucional español estuviese teñido de suspicacias y miedos hacia el mercado, y que el corporativismo, la planificación y la presencia intervencionista pública y estatal salpicara numerosos artículos de la Constitución. Todas estas corrientes nos llevaban de la mano hacia el intervencionismo, la idolatría del Estado como gran benefactor omnisciente y las fáciles políticas de demanda. Pero no es momento para la crítica destructiva sino para entresacar lo mucho de positivo que también se contiene en nuestra Carta Magna.

No cabe la menor duda que sin el acicate y la necesidad de cumplir los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Mastricht difícilmente hubiésemos reorientado, por las sendas de la ortodoxia, nuestro caminar económico. Efectivamente, el Tratado de la Unión Económica y Monetaria ha sido nuestra enmienda constitucional desde el momento que el artículo 10 de nuestra Constitución nos dice que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Pero también nuestro texto Constitucional, interpretado a la luz de los sanos principios económicos, tiene resortes en los que apoyarse para rediseñar la orientación de la política económica y, sobre todo, para crear el marco jurídico y las reglas del juego económico más acordes con los requisitos de nuestro nuevo mundo del siglo XXI.

La mayoría de los artículos que sintonizan con las nuevas tendencias, se encuentran en el terreno de las normas abstractas y de los principios sobrevolando y dejando a un lado los resultados concretos que son imposibles de prever. Así, por ejemplo, en varios artículos, empezando por el primero, se propugna como valor superior del ordenamiento jurídico la libertad. Aunque con el mismo rango, la igualdad se cita casi siempre en un lugar posterior. Esa igualdad, además, se interpreta como igualdad ante la ley e igualdad en dignidad, sin discriminaciones ni privilegios, y no tanto, en los principios al menos, como igualdad de resultados, igualitarismo y homogeneización. En el artículo 9 se habla de promover las condiciones para que la libertad (y la igualdad) del individuo (y de los grupos) sean reales y efectivas facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y en el 10, el libre desarrollo de la personalidad es uno de los fundamentos del orden político y de la paz social. En el 17 se proclama que toda persona tiene derecho a la libertad.

Con estos otros mimbres no es difícil interpretar el artículo 33, donde se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, así como el artículo 38 donde se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, como derivaciones necesarias del derecho fundamental a la libertad. Como explicaba Jorge Botella Carretero, los derechos de libertad de empresa, de propiedad privada, de elegir libremente oficio y la economía de mercado, se configuran como la regla general del orden económico que consagra la Constitución de 1978 frente a los complementos o excepciones a la regla general que estarían formados por la iniciativa pública y las reservas al sector público, la intervención de empresas, la planificación económica, etc. Esto se justifica en que la Constitución exige una Ley para que se pueda producir la ruptura de la regla general: nacionalizaciones, intervención de empresas y planificación. No es difícil considerar entonces que la libertad de empresa es un derecho subjetivo fundamental que vincula a todos los poderes públicos, con obligación de ser protegido ante los tribunales y que, para su regulación, será necesaria una ley que en cualquier caso deberá respetar su contenido esencial.

Si añadimos que el contenido de ese derecho fundamental abarcaría la libertad de creación de empresas, la libertad de acceso a los mercados, la libertad de organización del empresario y la libertad de la dirección de la empresa, se puede concluir que ese artículo 38 resulta vital para el desarrollo de las políticas de oferta y para el crecimiento de cada uno de los ciudadanos como personas humanas en cuanto pueden desarrollar una actividad económica libremente. Se trata entonces de confiar el empleo al esfuerzo anónimo de miles y miles de pequeñas y medianas empresas, muchas unipersonales, que, sin extravagancias, luchan día a día por mejorar el servicio en mercados abiertos competitivos. Sin saberlo son los nuevos héroes emprendedores que materializan ideas y proyectos lanzándose a mil y una aventuras confiando en el poder creador del riesgo. Están labrando así el porvenir de sus familias, de sus regiones, de su país y de la entera humanidad globalizada.

Y en este breve recorrido por la parte económica del texto constitucional, buscando aspectos que potencien la economía de la oferta, no puedo dejar de referirme al punto clave del artìculo 35 que hace posible el cumplimiento efectivo de muchas otras afirmaciones: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar…” Los derechos declarados exahustivamente en nuestra Constitución no se alcanzarán si fallan los deberes. José Antonio Marina escribe a este respecto: “Propondría que se eliminaran de la Constitución jaculatorias confusas como el “derecho al trabajo” o el “derecho a la vivienda”, y no se volvieran a incluir hasta que todos los ciudadanos supieran que admitir ese derecho supone admitir los deberes necesarios para que se realice en la práctica. Separar una cosa de la otra es una pretensión tan disparatada como la de quien solicitaba que sólo se construyeran escaleras de bajada pero no de subida.” Y Buchanan nos explica y razona: “Trabajar más, ahorrar más, emplear productivamente los recursos no laborales, todas esas elecciones potenciales pueden afectar a la amplitud del mercado y a través de ella, la especialización potencialmente explotable.” “Existe un externalidad en la elección trabajo-ocio. La decisión individual de trabajar más genera beneficios externos a los demás; la decisión individual de trabajar menos genera daños externos a los demás. Más trabajo implica beneficios que se difunden a cada uno; la vagancia genera daños que se difunden a todos.(…) Un incremento de la oferta de inputs generará un incremento del valor del producto total desproporcionadamente mayor, porque las nuevas tecnologías de producción sólo se hacen posibles a través de la mayor especialización que el incremento del tamaño del mercado permite.” La DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos, digo yo también, necesitará siempre el complemento de una Declaración efectiva de Deberes Humanos, también Universal.

JJ FRANCH

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