LEGISLACIÓN PARA LA LIBERTAD

Diario 16 publicaba hace unos meses una entrevista exclusiva con Federico Trillo, quien, además de haber acreditado en importantes intervenciones ser un parlamentario brillante, parece llamado a coordinar los proyectos legislativos desde el punto de vista formal e incluso a ser ministro de Justicia en un posible futuro gobierno alternativo del Partido Popular. En alguna de aquellas respuestas anunciaba que su partido estaba elaborando un “libro blanco” sobre la Justicia que daría a conocer a la opinión pública este otoño en el que estamos atropelladamente inmersos.

Desde que leí aquel anuncio estoy deseando saber el contenido de tan importante documento, más si cabe después del éxito electoral del Partido Popular en las elecciones catalanas del pasado 19 de noviembre. El interés se acrecienta desde mi perspectiva profesional de economista porque nunca he comprendido la falta de interés y cierto pasotismo de algunos de mis colegas por las cuestiones e instituciones jurídicas. Mientras anteriormente estos asuntos eran considerados primordiales por los economistas, ese desinterés empezó a ser especialmente notorio a partir del último tercio del siglo XIX, y continúa. Especialmente desde la revolución marginalista Walrasiana del equilibrio general la teoría se fija exclusivamente en el análisis “neutral” del comportamiento de los agentes económicos y de los mercados sin consideraciones de las instituciones jurídicas y éticas vigentes en cada sociedad. Desde este punto de vista el Derecho y la Economía, como ciencias y como plasmación práctica de distintas concepciones teóricas, transitan por caminos y vericuetos que nunca se encuentran. Las pocas coincidencias se limitaban a las áreas más jurídicas de las ciencias económicas y empresariales, o a las más económicas para las ciencias del Derecho Público y Privado.

Esa falta de comunicación choca contra el más elemental sentido común ya que si el Derecho y la Ley tienen a la Justicia (el dar a cada uno lo suyo) como su norte, y la actividad económica tiene continuamente que valorar situaciones o bienes y servicios hacia la consecución del Valor ideal, ambas disciplinas, al ser única la realidad humana que estudian, tienen muchos espacios de coincidencia y dependencia mutua. Las formas de organización, el sistema político y el marco legal de una sociedad condicionan la forma y la eficacia en que los ciudadanos acometen y resuelven sus apremios económicos. Es fácil advertir que el sistema jurídico crea incentivos o desincentivos en un amplio abanico de direcciones induciendo o moderando a las gentes a comportarse de distintas maneras en su quehacer económico. Es muy importante para la vitalidad económica de un país el diseño de un sistema jurídico moderno, basado en la libertad responsable como piedra angular, que responda mejor a los deseos y objetivos de los ciudadanos.

Salvando las distancias, el marco legislativo y el sistema legal ejercen sobre la sociedad una función parecida a la del “hablador” de Vargas Llosa en el pueblo machiguenga. El hablador era en vínculo de unidad de aquellas gentes dispersas por la selva amazónica peruana. A pesar de las grandes distancias geográficas y sentimentales que los separaban, gracias al charlatán impenitente, esperado y admirado, formaban una comunidad y compartían una tradición, unas creencias, unas costumbres más o menos ancestrales y una forma de enfocar las diferentes actividades cotidianas. Transmitían una especie de savia circulante que hacía de los machiguengas una sociedad, un pueblo de seres libres pero a la vez comunicados. Si faltase el “hablador” aquel pueblo posiblemente se desmembraría en mil añicos independientes pero solitarios.

Las leyes ejercen un efecto beneficioso parecido al comentado. Pero sólo las buenas leyes, los buenos principios. Hago esta última matización porque el peligro en nuestro sistema legal socialistoide actual, que dura más de cincuenta años, es precisamente el contrario. Queriendo controlar y regular todo o casi todo se consigue la rebelión pacífica pero efectiva de la ciudadanía y el desorden que se pretendía evitar. Si resumimos la esencia de la libertad de emprender en la posibilidad de que los agentes económicos puedan adoptar sus decisiones por sí mismos, no cabe duda que esta definición tan simple contrasta con un mundo jurídico real que nos atosiga con un sin fin de regulaciones de todo tipo. Como indicaba Pedro Torres, vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia, “es difícil realizar cualquier actividad sin encontrarse sitiado por regulaciones impuestas por la autoridad pública buscando objetivos de los más variados, desde la salud al medio ambiente, desde el precio a la calidad, desde la normalización europea para lograr el mercado único hasta la represión de la pornografía en los medios, desde la imposición de utilizar una o más lenguas determinadas en las etiquetas de los productos, hasta la composición química de las tintas en que estén impresos…”

Hay que tener muchísimo cuidado con los delirios mastodónticos legislativos, aunque sean por mayoría. Pueden muchas veces ir directamente y de forma acumulativa contra la iniciativa y la libertad de los individuos. La investigación científica y teórica, y especialmente la actividad económica, siempre ha necesitado, y continúa necesitando, la iniciativa individual y la libertad personal para hacer posible que las conclusiones o resultados a los que llegan las gentes, quizás contrarios a la autoridad, prevalezcan. Hay que tener mucho cuidado, como indica el prestigioso profesor Bruno Leoni, con un sistema por el cual un puñado de personas, a las que raramente conocemos personalmente, están capacitadas para decidir lo que cada uno debe hacer, y ello dentro de unos límites muy vagamente definidos, o prácticamente sin límites.

Quizás el futuro de la Economía Española dependa más de Federico Trillo que del Ministro de Economía, Pedro Solbes, o del coordinador de asuntos económicos del PP, Cristóbal Montoro.

JJ Franch

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