EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

En las reflexiones en voz alta que se exponen a continuación, quisiera huir de la disyuntiva radical tan extendida entre los forofos del intervencionismo estatal a ultranza y los partidarios de su no intervención o del protagonismo mínimo o nulo de la acción pública. Quisiera sobrevolar la antinomia intervencionismo-no intervencionismo, nacionalización-privatización, acción pública-acción privada tan ampliamente tratadas en la literatura económica. Estas dicotomías drásticas y un tanto cerriles eliminan el debate sosegado y llevan a enfrentamientos ideológicos de suma cero en donde el orgullo del triunfo de las premisas de uno es siempre a costa de ridiculizar las posturas previas a todo razonamiento del otro. Por principio, nadie se apea del burro y todos terminan perdiendo más de lo que harían en otras circunstancias y con otras actitudes.

Mi punto de partida es el de que el Estado debe existir dada la naturaleza social del hombre y que, por lo tanto, se precisa un cierto grado de consenso y unas pocas reglas que orienten la convivencia y permitan, mediante el respeto a esas normas, alcanzar un cierto grado de compatibilidad y conjunción entre los intereses variadísimos de unos y otros. Pero, dicho esto, también quisiera explicar que lo que me preocupa no es exactamente la intervención, que también, sino el modo de intervención que tantas veces se ha ensayado. Considero más importante la dirección general de la actuación estatal en la economía y los medios que se utilizan para conseguir un mayor desarrollo por parte de los ciudadanos a los que representa y debe servir en el horizonte futuro.

La grandeza, riqueza y finalidad de la acción estatal no está en un incremento cuantitativo de su propio poderío económico representado por su proporción con respec¬to al PNB y por su elevado poder de disposición sobre una parte sustancial de la riqueza física y humana de una nación, sino que radica en saber potenciar y canalizar -nunca suplantar- con sus acciones, las actuaciones libres y responsables de los agentes económicos de todo el sistema social. De esta forma sí que se incrementa el valor económico a disposición de todos los individuos de la sociedad. La grandeza de un Estado está en saber estimular a sus ciudadanos hacia la consecución de mayores índices de humanidad en el aprovechamiento de sus recursos materiales y no en el obsesivo crecimiento cuantitativo, de puertas adentro, de las propiedades públicas y de los poderes públicos. No se trata de no intervenir, como se puede invocar desde corrientes ideológicas típicamente anárqui¬cas, sino de intervenir cada vez con mayor eficacia en determinados aspectos, considerados muchas veces fuera del entorno económico. A su vez el Estado dejaría de intervenir en aquellos aspectos de la realidad económica en los que lo único que consigue con su actuación es frenar y retardar el crecimiento de la riqueza.

El Estado, literalmente considerado, es un ente de razón. Difícilmente se puede afirmar con propiedad la frase “el Estado soy yo”. Su razón de ser es el servicio a los fines de los ciudadanos. No se puede confundir incremento de magnitud estatal con incremento de bienestar social. Su potestad es una potestad delegada. Cuando una parte de los ingresos de los individuos, una parte de sus propiedades, se asigna al dominio del Estado, por mediación del pago de impuestos, la tarea económica personal de sacar el máximo partido a sus propiedades se transmite al Estado a través de esa porción de mi propiedad que pasa a ser administrada de forma delegada por la burocracia estatal. El Estado está obligado a sacar, a su vez, el máximo partido, en términos de valor, a dichas asignaciones. Su riqueza vendrá, por lo tanto, derivada de su capacidad de servicio a la riqueza de sus representados.

Si una de las finalidades de la función coordina¬dora estatal es incrementar la riqueza de sus ciuda¬danos, su actividad tiene que dirigirse hacia la promoción de las fuerzas que lo aumentan. Si la libertad, propiedad, intercambio, especiali¬za¬ción, competencia, serviciabilidad y espíritu empresa¬rial trabajador se admite que son las fuentes de las que se alimenta el valor económico, hacia su defensa e implantación en la sociedad, eliminando los obstáculos que se le opongan, deben dirigirse las actuaciones.

Nuestra posición, en consecuencia, se puede concentrar en tres pro¬posiciones generales:

1) no actuar en el ámbito económico allí donde otras instituciones no públicas, más cercanas al conocimien¬to de los individuos y con estructuras más competitivas, pueden hacerlo con mayor eficacia.

2) actuar en la dirección de defensa e implantación del marco jurídico adecuado para conseguir el máximo despliegue de esas fuentes del valor en todo el ámbito socioeconómico, y

3) allí donde debe actuar, hacerlo con la máxima eficacia, es decir, consiguiendo la máxima diferencia entre el valor creado y el valor destruido para crear el máximo beneficio con la mínima pérdida en términos de recursos utilizados.

Cabe un cierto paralelismo de criterio con lo expuesto por Samuels en The Classical Theory of Economic Policy y de Robbins en su Teoría de política económica quienes destacan especialmente la impor¬tancia de la función legislativa en la actividad estatal, puesto que se encamina a crear el marco jurídico necesario para que el sistema pluralista de libertad y propiedad privada funcione. El sistema de libertad económica no aparece necesariamente dejando que las cosas sigan su curso sino sólo haciendo un esfuerzo consciente y, por tanto, libre, para crear el ambiente verdaderamente artificial, humano y necesario para que funcione adecuadamente. Economía y Derecho están altamente interrelacionados y el buen funcionamiento de los mercados quizás es una cuestión más jurídica y ética que estrictamente económica.

JJ FRANCH

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