EL INTERÉS SOCIAL DE LA VIVIENDA

Para empezar desmantelando el equívoco a que podía dar lugar el título de estos párrafos, debo decir que el problema de la vivienda es un tema de interés general, no tanto por la importancia y necesidad de la vivienda social, sino por la relevancia del interés social de la vivienda de todo tipo.

No hace falta extenderse aquí en razonamientos para resaltar la afirmación que se hacía en el número 10 de la Revista Economistas (monográfico sobre la vivienda), según la cual la crítica situación del mercado inmobiliario español, caracterizada por un manifiesto déficit de viviendas, ha pasado a ocupar un lugar central en las preocupaciones de los ciudadanos, particularmente de sus estratos más jóvenes. A través de ellos, y por las interdependencias familiares, se extiende esa inquietud a todo el cuerpo social, constituyendo, sus posibles soluciones, un objetivo de claro interés general.

En aquellas economías que tienen solucionadas sus necesidades básicas alimenticias, la vivienda se constituye en el bien de consumo cuya importancia va mucho más allá de su participación directa en la actividad productiva, y cuya relevancia social no se puede medir exclusivamente en términos monetario-cuantitativos a través de los valores de cambio de esos bienes, sino que es preciso resaltar el alto valor de uso que incorpora la utilización de la vivienda habitual.

Otro aspecto a resaltar es la regresividad real que comporta la situación de la vivienda en España en los últimos años. El encarecimiento de los créditos debido a los altos tipos de interés, defícilmente reducibles mientras persista el déficit y el endeudamiento público, junto con los movimientos especulativos del sector inmobiliario, llevan a una situación en la que, debido a la utilidad marginal renta decreciente, las rentas bajas, medio bajas y también las medias, tienen que pagar cantidades elevadas en concepto de vivienda que repercute negativamente en su bienestar y positivamente en las medias altas y altas que reciben esas cantidades elevadas debido a la especulación, o a que pueden invertir sus ahorros en Deuda pública sin riesgo y con altos tipos de interés.

Tal situación se ve reforzada en España por el fuerte arraigo social de la vivienda en propiedad. Cuanto mayor es el peso de las viviendas ocupadas en propiedad, mayor es la necesidad de financiación externa para los adquirentes debido a la elevada relación existente entre el precio de mercado de una vivienda y la renta disponible familiar. Es significativo a este respecto que la deuda de las familias españolas representa más de la mitad de sus activos financieros, mientras que en otros países desarrollados, este porcentaje no alcanza el 40%, según un estudio publicado en la revista “Igualdad”, que edita la Fundación Argentaria. A medida que el patrimonio de las familias estudiadas es mayor, ganan peso relativo en sus “carteras” los activos financieros; más especialmente las acciones de sociedades, en detrimento de los depósitos. Estos datos ponen de relieve que son las familias con menor patrimonio las que tienen un mayor endeudamiento, medido como porcentaje sobre sus activos. Todo ello da lugar a la necesidad de resaltar la conveniencia de un ágil y transparente mercado de viviendas en propiedad y especialmente en alquiler que presione a la baja su precio y que a la vez haga más flexible la movilidad sectorial y geográfica del factor humano.

La convocatoria electoral anticipada ha dejado paralizados tres importantes proyectos de Ley relacionados con este tema: la aprobación del Proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos, el de Mecenazgo y el Proyecto de Ley de Fundaciones. Las repetidas promesas socialistas de llevar a buen puerto esas leyes en esta legislatura han vuelto a fracasar. Conviene insistir, en cualquier caso y de cara al futuro, en el postulado según el cual la transparencia de los mercados inmobiliarios puede ser complementada por la participación de las fundaciones y la ayuda del mecenazgo. Al tratar de compaginar vivienda y fundaciones nos estamos moviendo en el más alto rango jurídico: el Constitucional. Si por una parte se reconoce el derecho a fundar en el art. 34, también en la Constitución se propugna que el Estado deberá proveer de una vivienda digna a todos los españoles. No resulta descabellado pensar que la consecución de una vivienda digna para todos los españoles pasa por el desarrollo y potenciación del derecho a fundar orientado al problema de la vivienda. No creo que se incorporen propuestas concretas sobre este tema en los programas electorales a pesar de su importancia social, pero en cualquier caso tendrán que ser éstas algunas de las primeras prioridades del futuro gobierno de España.

JJ FRANCH

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