DECADENCIA JURÍDICA DE LA LIBERTAD

En nuestros días se está llegando a un consenso bastante generalizado a nivel mundial entre los economistas teóricos y prácticos (empresarios) sobre la potencia económica indiscutible de la libertad. Son “rara avis” los que aún no reconocen que la libertad personal creadora de valor hace posible un desarrollo económico estable y pacíficamente emprendedor. La expectativa generalizada de libertad responsable en el uso de los recursos que están a nuestro alcance, permitiéndonos elegir serenamente sin que nuestras decisiones intransferibles se vean constreñidas por las acciones de otras personas individuales u organizadas colectivamente, genera creatividad exponencial en todos aquellos sectores donde esa esperanza se va materializando en reglas liberadoras que fomenten la independencia solvente.

La concatenación de esos innumerables descubrimientos intelectuales realizados por millones de inventores anónimos se transmiten a través de diversos medios de intercomunicación y especialmente mediante su materialización en bienes y servicios que se expanden por todo el tejido social a través del sistema (asistema) del libre mercado. La libertad aumenta las posibilidades de eficiencia para el bienestar y para el bienhacer al facilitar que un abanico inmenso de circunstancias y cualidades individuales converjan en un chispazo intelectual que se plasmará en la producción de algún instrumento nuevo o que mejorará significativamente otro anterior. La producción económica, además, no es otra cosa que valoración subjetiva, por lo que depende, intrínsecamente, de la libertad. Sin libertad no hay de hecho producción. Se fabrican cosas pero no valor.

Si entre los economistas hay una amplia aceptación de estos principios, no ocurre igual entre los juristas y los ingenieros de la política. Muchos políticos conciben su actividad de forma piramidal y paternalista y de hecho relegan la libertad a un segundo o tercer plano. Se sienten portadores de la verdad objetiva y del bien social objetivo que se encarnan en el manido concepto del “interés público”. Suponen que ese becerro de oro del bien público al que hay que someterse existe independientemente de las valoraciones individuales de los ciudadanos. Como indica James Buchanan, “si el “interés público” existe al margen de las preferencias individuales y si puede conocerse, se tiene que suponer que tiene prioridad sobre los preceptos para mantener las libertades personales.” La fuente última del valor y de lo idóneo se descubre por expertos cientifistas y con el racionalismo constructivista de los responsables políticos quedando fuera de los dominios psicológicos sobre los que los participantes pueden expresar sus preferencias personales efectivas. El “bien o interés público” es conocido por la cúspide política piramidal y se aplica a la comunidad como si fuese un todo compacto y homogéneo que no tiene en cuenta los matices y la variopinta idiosincrasia individual. Bruno Leoni resume esta visión tan extendida diciendo que: “los científicos políticos pueden tratar a la gente de una manera parecida a como los ingenieros manipulan las máquinas o las fábricas. Esa idea ingenieril de la ciencia política tiene, de hecho, poco o nada en común con la causa de la libertad individual” En cualquier caso abre un portillo a la esperanza y continua diciendo que “la ciencia política se puede también considerar(aunque esto cada vez resulta menos frecuente hoy) como una manera de poner a las personas en situación de comportarse, en la medida de lo posible, como les apetece, en lugar de hacerlo de una manera que los tecnócratas consideran adecuada.”

Este alejamiento de la defensa de la libertad personal es también especialmente preocupante en los diseños de los sistemas jurídicos imperantes en un amplio abanico de países, incluyendo los de la órbita llamada occidental. Está muy extendida en diversos ámbitos la impresión de que la “libertad” es únicamente la del que habla, dogmatiza o legisla, mientras que, consecuentemente, la coacción, que dicen debe incrementarse, tratan de aplicarla exclusivamente a los demás. Se intenta encorsetar a los ciudadanos (aunque sea inconscientemente) mediante la rigidez de las leyes, los códigos o incluso las constituciones que no dejan de ser la plasmación práctica y directa de la voluntad más o menos caprichosa e ignorante de quienes las promulgan. La consecuente hiperinflación legislativa lleva a un desconcierto, incertidumbre e inseguridad bastante general, y que es especialmente significativo e hiriente entre los ciudadanos menos pudientes. Es peligroso que vayan calando en el hombre de la calle las ideas que sostienen que la legislación no es otra cosa que la expresión de la voluntad particular de ciertas personas y de ciertos grupos que han tenido la suerte de disfrutar de mayorías más o menos coyunturales o permanentes y de estar asesorados convenientemente por una pléyade de legisladores tecnocráticos.

En todo este proceso se van olvidando los pilares más importantes de la defensa de la libertad por vía legislativa, entre los que cabe citar el que la ley es algo que se debe descubrir, más bien que promulgar, y que se presume existe en todos los ciudadanos como una especie de voluntad natural o común. Las leyes en este caso se irían expresando como resultado vivo de procesos seculares que trascienden las minucias de los sucesos coyunturales.

Una forma de empezar a cambiar la decadencia jurídica de la libertad sería la de reducir el número de cuestiones que deciden los representantes de los ciudadanos, lo que significaría ampliar el número de asuntos sobre los que las personas pueden tomar decisiones libres. Sobre qué hacer o qué no hacer en la mayoría de los casos prefiero ser responsable yo mismo y que no me represente nadie. Como sugiere el jurista Bruno Leoni ya citado: “Esta última reducción parece, por tanto, ser el único camino abierto a la libertad individual en el momento presente.”

JJ Franch

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