COMPETENCIA EN LOS MERCADOS DE LA VIVIENDA

Está archidemostrado por la teoría económica que los mercados en competencia, y con agentes humanos competentes, asignan los recursos mucho más eficientemente que en monopolio u oligopolio y que favorecen a los consumidores y usuarios finales de los distintos bienes y servicios tanto en cuanto al precio como en cuanto a su disponibilidad y variedad. Por eso no me cansaré de repetir que la visión darwiniana y cainita de la competencia donde la continuidad y supervivencia de unos conlleva la destrucción y desaparición de otros es una visión intencionadamente deformada de la realidad por motivos ideológicamente constatables. Si, desdeñando la competencia en libertad, lo que se pretende es controlar y organizar mejor determinados sectores y producciones mediante privilegios y monopolios, aunque sea con toda la buena intención del mundo, se acaba perjudicando a todos los usuarios finales que tendrán menos oferta y a mayor precio.

Algo parecido puede ocurrir, por ejemplo, con las subvenciones públicas a la vivienda cuando se pretenden imponer precios máximos por debajo de los precios de equilibrio que se establecerían en los mercados con libre competencia. Los precios máximos forzados en tales circunstancias siempre dan lugar a búsqueda de preferencias, amiguismos y privilegios y, sobre todo, acaba creando un mercado negro donde los más perjudicados son las personas más ignorantes o con menos capacidad o medios de presión. Con los precios inferiores al mercado se crean tensiones porque la demanda a esos precios establecidos siempre es mayor que la oferta. La demanda insatisfecha busca y presiona para no quedar discriminada y los promotores y constructores normales no pueden actuar con la pureza y eficacia que requieren los mercados saneados.

Otro efecto pernicioso se añade al anterior cuando la presión fiscal, la presión burocrática y la presión estadística aumentan de forma abusiva y significativa. Siempre llega un momento en que los individuos y empresas comienzan a trabajar menos y desvían sus actividades hacia el ocio y la economía sumergida. Consecuencia de ello es que, a su vez, ahorran menos, desciende la inversión generadora y se hace imposible la creación de empleo. Podemos hablar de una situación en la que “la avaricia rompe el saco”. La extralimitación en el afán recaudatorio por parte del Gobierno lleva, de hecho, a que se paralice el sistema productivo humano y que, a la postre, el total recaudado sea menor.

Este fomento del fraude por vía de la sobresaturación fiscal es especialmente visible en los mercados de la vivienda. Sobre la vivienda recae un amplísimo elenco de tributos: Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Sociedades e IVA entre los Estatales; Impuesto extraordinario sobre el Patrimonio, Impuesto sobre sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales e Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados entre los Autonómicos; e Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Licencia Fiscal o Impuesto de Actividades Económicas, Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras e Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana entre los Municipales.

Ante esta cascada de impuestos que recaen sobre la vivienda no es de extrañar que el fenómeno de la ocultación, primero de las propiedades y, más tarde, de los rendimientos o del valor, sea la nota dominante en nuestra historia en opinión de muchos, por ejemplo de Canet Rives, quien argumenta que las situaciones de injusticia tributaria vienen agudizadas por el aumento del peso impositivo sobre los propietarios que cumplen sus obligaciones con el fisco, mientras se mantienen bolsas de fraude que no tributan. Prueba de la capacidad fiscal y de la infravaloración urbana es por ejemplo que el valor catastral de la riqueza inmobiliaria en España se situó en el año 1989 en 42,36 billones de pesetas y de haber prosperado la revisión catastral se habría situado en el año 1991 en 123 billones de pesetas. Si se tiene en cuenta que el objetivo de la revisión catastral era el situar los valores en el entorno del 70% respecto al valor de mercado ello quiere decir que el valor de la riqueza inmobiliaria censada en España gira en torno a los 175 billones de pesetas. Es claro que las transmisiones se han utilizado, especialmente en los últimos años, como medio de ocultar el dinero negro.

Podemos concluir diciendo que la competencia serena y sin estridencias, por el contrario, se armoniza pacíficamente en un sistema de colaboración dinámica donde todos los participantes salen beneficiados y donde se fomenta, además, la creatividad y la innovación en los distintos sectores y procesos productivos que compiten entre sí.

JJ Franch

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